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Situación de la industria de la construcción |
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Los
años noventa significaron una etapa de transformaciones en la estructura
económica del país, y la industria de la construcción no estuvo ajena a
esos cambios. Dejó de desempeñar el papel de actividad con importante
efecto multiplicador que incluso le permitió en algunos momentos actuar
como motor del resto de la economía. A juicio de muchos, ahora es un
sector relevante, pero con un efecto de menor magnitud para el conjunto. El
sector formal de la construcción sigue lejos de alcanzar los niveles de
actividad y generación de valor registrados hasta 1994; los factores que
inciden son diversos, entre ellos, la grave descapitalización y baja la
competitividad. Según
las empresas constructoras, esta situación ha sido propiciada por
aspectos tales como el pago de impuestos sobre ingresos que no han
generado flujo de efectivo; el incremento desproporcionado del costo
financiero que las empresas han pagado sobre sus pasivos; el rescate de
concesiones de infraestructura; la facultad que otorga la Ley de
Adquisiciones y Obras Públicas (sujeta a revisión según se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de este año) a los
funcionarios para determinar si una licitación adquiere carácter
nacional o internacional, y la carencia de incentivos en investigación y
desarrollo tecnológico mediante la desgravación. La
industria ha mostrado su preocupación y ha dado a conocer propuestas para
la reactivación del sector cuya inversión en el periodo 1994-1999 fue de
4.2 por ciento , cuatro veces menor que los montos de inversión nacional.
«La
industria de la construcción aún esperará algún tiempo para entrar a
una fase de fuerte crecimiento (probablemente hacia finales de año 2000 e
inicios del 2001) pues ello está condicionado a que se detone la inversión
pública y se vuelva a abrir el financiamiento privado», dijo Manuel
Somoza Alonso, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, actualmente
director general de Apolo Operadora de Sociedades de Inversión. En
mayo de 1999, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) organizaron el seminario «El
Sector Privado en la Infraestructura». Allí, Carlos Ruiz Sacristán,
secretario de Comunicaciones y Transportes, mencionó que ante la
participación de la inversión privada en los rubros de las
comunicaciones y los transportes se ha generado un cambio estructural muy
importante que acelera el desarrollo de la infraestructura del país. Por
lo anterior, se han hecho importantes modificaciones al marco jurídico
que rige al sector, y el Estado a su vez fortalece sus funciones de
planeación, regulación y supervisión. «Hoy, gracias al proceso de
apertura en el sector, se invierte más que antes», mencionó. Se
tienen grandes retos en lo económico, dijo, y agregó que la
infraestructura debe atender las crecientes necesidades de nuestras
industrias y de nuestras empresas, para que éstas sean más eficientes y
competitivas, para que puedan exportar más y, también, satisfacer las
necesidades de nuestro mercado interno. «Pero
también tenemos enormes necesidades en lo social. Debemos seguir
construyendo la infraestructura que necesitamos para llevar más bienes y
mejores servicios a muchas comunidades y a muchos mexicanos que aún no
cuentan con ellos» finalizó. Pedro
Strassburger, presidente de la CMIC, quien también ocupa la presidencia
de la Comisión de Infraestructura del CCE, manifestó que deberá
fortalecerse la cultura del mantenimiento y de la modernización, ya que
existe infraestructura deteriorada y obsoleta que puede recuperarse e
integrarse al sistema productivo. Por
ello, agregó, es imperativo que se instrumente una política de Estado
que fomente la inversión productiva, que dé a las empresas certidumbre y
libertad para operar y desarrollar sus actividades, con un marco
regulatorio definido y transparente que agilice los procesos productivos y
la desregulación en los sectores que generen inversiones en construcción
de infraestructura. Strassburger
aseguró que si se conoce y analizma la situación que guarda la
infraestructura de México y su posición respecto a otros países,
especialmente con los socios comerciales, se podrán ofrecer soluciones
realistas y oportunas. De
acuerdo con un estudio del World Economic Forum en el que se analizó la
infraestructura de 59 países del mundo, México ocupa el lugar número
40 en infraestructura general, en tanto que EU tiene el segundo y
Canadá el octavo; en caminos, México ocupa el lugar 37, EU el 4 y Canadá
el 10; en vías férreas, nuestro país tiene la posición 44, EU la 12 y
Canadá la 5; en puertos, en
el mismo orden de presentación, estos países se encuentran en los
lugares 44, 6 y 3, respectivamente; en financiamiento,
las posiciones son 54, 1 y 3, en tanto que en inversión privada
son 17, 6 y 9. En
este contexto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Eduardo Bours Castelo, advirtió que debido al rezago en infraestructura
es necesario que en los próximos 20 años se duplique la planta física
del país, para lo que se requieren inversiones anuales de 30 mil millones
de dólares durante el próximo lustro. Afirmó que la inversión en
infraestructura en el país «no puede ni debe ser responsabilidad
exclusiva del Estado», y anunció la conformación de una comisión del
sector privado que coadyuvará en ese renglón. «Es
indispensable la participación del capital privado, pero bajo reglas
claras y transparentes, sin cortapisas ideológicas ni intereses político-electorales»,
resaltó. Propuesta de recuperación En
diversos foros, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
reconoció a la apertura comercial como un proceso conveniente y necesario
para lograr una mayor competencia y garantizar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, reducción de los períodos
de construcción y acceso a tecnología de punta; sin embargo, la crisis
económica desatada en 1994 provocó que su rentabilidad cayera, a tal
grado que quedó en posición de creciente desventaja por la inexistencia
de continuidad de trabajo en las empresas, los créditos bancarios
limitados, las tasas de interés muy elevadas, la apertura indiscriminada
a la competencia internacional y la asignación de las obras bajo un criterio
presupuestal de precio como prioridad. Ante
ese panorama, los empresarios del sector manifestaron que se encontraban
dispuestos a enfrentar el reto de competencia que planteaba la consolidación
del proceso de inserción de nuestro país en la economía globalizada, en
la medida en que se hiciera efectivo el período que permitiera eliminar
sus principales rezagos, esto es, que se establecieran condiciones
competitivas con equidad y en igualdad de circunstancias para recuperar
gran parte de la solidez financiera y tecnológica perdida durante los últimos
años, y que se eliminaran los vicios normativos de la ejecución de obra
pública, que sólo hubieran podido resolverse con la ayuda gubernamental,
y así continuar siendo una herramienta al servicio del desarrollo
productivo y social del país. En
un documento enviado al presidente de la República, secretarios de
Estado, gobernadores y directores de empresas paraes-tatales, la CMIC
indicó que en la actualidad, en la industria de la construcción, la
falta de cabal entendimiento del valor del trabajo que se va a desarrollar
presenta problemas particulares que difícilmente se encuentran en otro
tipo de transacciones, lo que aunado al hecho de que ninguna otra
industria tiene una proporción tan alta de su trabajo y de sus gastos
determinados por el precio más bajo, hace que el actual sistema con el
que opera la construcción resulte un obstáculo difícil de vencer. «La
hostilidad es tal que puede representar un alto costo para el cliente y
bajas utilidades o pérdidas para el constructor, que se ve obligado a
realizar importantes esfuerzos adicionales para obtener buenos resultados.
En resumen, el entorno de la industria nacional se volvió más difícil y
complejo en cuanto a la competitividad y eficacia operativa de las
empresas, de una estructura financiera con mayor nivel de capital y
astringencia de crédito, con un incremento en el número y calidad de los
competidores, y con una mayor especialización y mejor segmentación de
los mercados», se expuso en el documento. Tomando
lo anterior como marco de referencia se consideraron propuestas para la
reactivación de la industria: l
Integrar un grupo con los principales clientes para encabezar las reformas
y formular conjuntamente un plan de acción. El diálogo entre este grupo
de clientes y la industria puede tomar la forma de una serie de proyectos,
cada uno relacionado con un asunto de interés común, por ejemplo, el análisis
del riesgo comercial de los diversos sistemas de proyectos de inversión
efectivos utilizados o a utilizar por las dependencias. En
este sentido, el Gobierno, como regulador y cliente, explican, puede
mostrar el camino reformando las cosas que están en gran parte dentro de
su propia esfera de actividades, sobre todo, lo que se refiere al criterio
de asignación a la propuesta solvente más baja, participación de
extranjeros, marco fiscal, anticipos y procedimientos de pago. l
Regir la actividad de la industria dentro de un marco legal moderno, de
aliento y con visión de largo alcance, que incorpore aspectos de la
realidad que vive el país en el contexto de la globalización económica
y que deben ser considerados en la aplicación del mismo. Un marco legal
orientado a la obtención de la mayor calidad en las obras públicas y en
los servicios ofrecidos. Un marco legal promotor, no fiscalizador ni
coercitivo. l
Contratar y pagar con oportunidad, fijándose plazos más agresivos para
el monto y pago de anticipos, estimaciones, revisiones de costos y alcance
del proyecto y costos financieros. l
Licitar únicamente proyectos que estén planeados y soportados en
estudios de factibilidad social, técnica, ecológica y económica, que
minimicen las desviaciones y permitan a los empresarios planear y ejecutar
los trabajos con menor grado de riesgo. l
Perfeccionar el sistema de valoración de las propuestas solventes que
coadyuve a que las dependencias y los constructores cumplan con los
objetivos de la inversión pública. Los clientes necesitan ser capaces de
hacer una selección adecuada de las empresas que ejecutarán las obras.
Excepto donde sea lógico mantenerlo, el criterio de asignar a la «propuesta
solvente más baja» debería sustituirse por ofertas de «mejor calidad
al menor precio en el menor tiempo», debido a que «compensar el precio
bajo, afectando al cliente con reclamaciones», genera una cultura de
confrontación. Al
tomarse en cuenta lo anterior, refieren, la productividad se mejoraría si
los niveles de precios no se obligaran a bajar más allá de un punto que
impide a las empresas invertir en mejores procesos y técnicas, en
investigación y desarrollo y en encontrar lo que se está haciendo en el
extranjero, y por otros competidores, para mejorar sus propuestas económicas.
l
Promover ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la
revisión del marco fiscal regulatorio de la industria de la construcción,
que evite el pago de impuestos que se causan sobre ingresos que no han
generado flujo de efectivo. l
Que el gobierno apoye el esfuerzo para recapitalizar a las empresas del
sector construcción promoviendo financiamientos para el desarrollo de
proyectos, para la adquisición de maquinaria y equipo y, finalmente, para
incrementar el capital de trabajo. l
Que el gobierno establezca mecanismos que permitan avalar los servicios
prestados por empresas nacionales en el extranjero, especialmente cuando
estos servicios abran nuevos mercados o impliquen una transferencia de
tecnología a favor de la parte mexicana. l
Acelerar el finiquito del rescate de concesiones en infraestructura con
equidad. l
Aprovechar lo negociado y pactado en los tratados de Libre Comercio, a
través de la aplicación de la Ley en beneficio de la industria nacional
en cuanto a la participación de empresas extranjeras en el mercado de
licitación pública, reservas, contenido nacional y umbrales
establecidos. Para
lograr lo anterior, los agremiados a la cámara expresan que reforzarán
las gestiones que se han venido realizando para eliminar el exceso de
normatividad y regulación al que se encuentra sujeta la industria, y
continuarán promoviendo la creación de tercerías que proporcionen una
mayor equidad a las partes. También,
refieren que alentarán la cooperación de empresas mexicanas con
extranjeros, sean inversionistas, contratantes o contratistas, para
obtener gradualmente una mayor presencia en el mercado exterior y orientar
a sus afiliados acerca de los concursos de obra pública en los países
con los cuales México tiene tratados comerciales. «Fortaleceremos la imagen de la industria desarrollando su fuerza de trabajo. No obstante que el marco legal se ajuste a las necesidades actuales y la recuperación de inversión doméstica se vaya dando, el punto crucial es sin embargo, que la industria todavía tiene que alcanzar de manera rutinaria, normas de clase mundial en cuanto a costo, calidad y entrega oportuna, pues reconocemos que gran parte del futuro de la industria depende de la competencia exitosa de acuerdo con las reglas de la competencia de clase mundial. Estas reglas se refieren cada vez más a la calidad y consistencia del desempeño de gente, sistemas y componentes», expone Strassburguer. A
pesar de los problemas, como el hecho, menciona Strassburguer, de que 42
por ciento de los concursos más importantes realizados en 1999, cuyo
monto total fue de 42 mil 574 millones de pesos, fueron ganados por
empresas extranjeras además
de los recortes presupues-tales que siempre afectan el crecimiento de la
infraestructura, las constructoras y frabricantes de insumos esperan estar
en mejores condiciones que el año pasado para aprovechar el crecimiento
de entre 4 y 5 por ciento que
se estima habrá. Según
analistas del sector, serían muchos los elementos favorables: el impulso
a la obra social en periodo preelectoral, las tareas de reconstrucción de
las zonas afectadas por los fenómenos naturales, la culminación de los
programas de saneamiento financiero de las constructoras, un mayor
financiamiento para vivienda y, quizá, la consolidación de una relación
más estrecha entre empresas proveedoras y constructoras como una forma de
ganar mercados. «En
la medida en que podamos participar de la obra financiada, cuyo monto en
el 2000 será de 79 mil 890 millones de pesos, y cuanto más logremos
asociarnos entre empresas, conseguiremos para este año un repunte
moderado de 4.7 por ciento en promedio y generaremos 30 mil empleos más,
es decir, 10 por ciento de los que se tuvieron en 1999», concluye Pedro
Strassburguer mientras espera respuesta a las propuestas de recuperación
del sector. La inversión privada toma la delantera
De acuerdo con información contenida en el Perfil Bimsa 2000 de la Industria de la Construcción, dentro de la obra privada, la construcción de vivienda de interés social ha tenido un crecimiento considerable debido a las modificaciones que se han dado en las relaciones entre los contratistas y los promotores inmobiliarios. «El contratista ya no está esperando a que lo llame un grupo de inversionistas para construir un desarrollo habitacional. Ahora al asociarse con inmobiliarias, se han convertido en promotores que detectan necesidades no satisfechas de vivienda de interés social en determinadas áreas y adquieren el terreno, a cuyo dueño también hacen socio, y realizan el proyecto, y lo interesante es que comienzan a vender antes de construir», señala Ortega. Agrega que este nuevo tipo de promotores inmobiliarios está aprovechando los créditos del Infonavit y Fovi para desarrollar líneas de crédito importantes: «en Bimsa estimamos que en este año se construirán cerca de 280 mil viviendas de interés social, 105 mil unifa-miliares y 145 mil multifamiliares. También se edificarán mil 600 casas de lujo y 14 mil de nivel medio». En tanto, las obras de reconstrucción, reparación y mantenimiento están previstas en un millón 371 unidades. Dice al respecto Ortega «este renglón adicionado al de la autoconstrucción, que son 122 mil viviendas urbanas y 50 mil en el medio rural en el año 2000, se convierte en un segmento importante para la industria de la construcción». En las obras de tipo industrial se ha detectado la construcción de 42 plantas y 74 ampliaciones por valor de 74 mil 400 millones de pesos; también se han detectado 37 proyectos para oficinas medias, 80 plazas comerciales, 12 supermercados, 47 edificios de reunión social, 12 clubes deportivos, 95 escuelas, 10 proyectos de universidades, 100 cines, 96 iglesias, 7 edificios hospitalarios grandes (de los llamados de primer nivel), 26 clínicas, 21 hoteles de lujo, 33 hoteles de tipo medio y 48 moteles. Según
el perfil Bimsa, la distribución de la obra es la siguiente: construcción
industrial de San Juan del Río hacia el norte del país, Tijuana,
Reynosa, Mexicali, Ensenada, Nogales, Hermosillo, Chihuahua, etc. Y,
obviamente, la vivienda de interés social está en los sitios que se están
industrializando, además de las ciudades Juárez, Saltillo, Monterrey y
Aguascalientes. Reacomodos en el sector de la construcción El
derrumbe en la inversión para obra pública, que afectó la contribución
de la industria en el PIB (en 1994 el Producto Bruto de la industria se
colocaba por arriba del PIB nacional, en la crisis de 1995 cayó -23.5 por
ciento y en l999 cerró en 5.5 por ciento), también deterioró la posición
de las constructoras. Al
destinar el gobierno federal pocos recursos para la creación de obras de
infraestructura, las grandes constructoras enfrentaron problemas económicos,
tanto que las tres principales están llevando a cabo diversos programas
de reestructuración financiera. En
julio de 1999, Bufete Industrial se declaró en moratoria de pago de cien
millones de dólares en Euronotas, por lo que fue suspendida la cotización
de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Trituradores
Basálticos y Derivados (Tribasa) reestructuró aspectos operativos y
financieros para hacerse de recursos líquidos y disminuir sus niveles de
deuda. Ingenieros
Civiles Asociados (ICA) también llevó a cabo un proceso de
reestructuración. Al primer trimestre de 1999 ya había logrado la
desincorporación de 67 por ciento de los activos que tenía en su lista,
lo que le significó concretar ventas por 134.7 millones de dólares. Además,
consiguió pagar y recomprar deuda por 1,316 millones de pesos. De
acuerdo con los informes de Bimsa, ya hay varias constructoras mexicanas
que trabajan en Estados Unidos, «son empresas realmente jóvenes», dice
César Ortega Gómez. Añade que son compañías medianas que no tenían
enormes compromisos en pasivos y encontraron nichos en la edificación de
obra de tres o cuatro niveles en Florida, California y Texas. «De
las mil constructoras más importantes, de acuerdo con la investigación
nuestra, en el año 1999, ICA ya no es la número uno, tampoco Tribasa,
sino GEO; su posición es por la obra de vivienda que también ha
realizado ARA, la cual ocupa el segundo lugar, para dejar el tercero a
Ingenieros Civiles Asociados», dice ortega, y considera que la industria
está repuntando en este tipo de obra de interés social, renglón que no
desprecia la CMIC, por lo cual ya ha presentado un esquema de
financiamiento para la construcción de viviendas.
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Instituto Mexicano
del Cemento y del Concreto, A.C. |
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